Proyecto “Mujeres por la equidad y la transparencia” (2007-2008)

Monitoreo del Financiamiento en las Elecciones y en los Partidos Políticos, a través de metodologías en las que son pioneras organizaciones como Poder Ciudadano, para analizar el impacto de los sistemas de financiamiento sobre la selección y las campañas de mujeres candidatas.

Estimular el Acceso a la Información:
La Red “Mujeres al borde de la información”, pedirá información relevante en temas de género – violencia, trata, salud, seguridad y urbanismo- a los gobiernos provinciales y municipales del país.

Una campaña de información pública creativa mostrará cómo, dónde y por qué la corrupción afecta los derechos humanos de las mujeres y muy especialmente las necesidades y derechos de las que pertenecen a grupos marginalizados o vulnerables. Estas actividades serán acompañadas por una Base de Datos de Casos
Anti-corrupción sensibles al género, que utilizará información suministrada por jueces/zas, fiscales, fuerzas de seguridad y funcionarios/as, empresarios/as, ONGs (también se incluirán nudos y obstáculos). La campaña incluirá una encuesta inicial sobre la percepción pública de género y corrupción así como para medir la importancia que dan las mujeres al acceso a la información y otra al cierre del proyecto para detectar los cambios en niveles de conciencia.

El proyecto culminará con el Foro Inter-Americano de Mujeres contra la Corrupción. Mujeres de las Américas, a través de debates sobre la corrupción darán una más amplia y profunda relevancia a la interconexión entre género-derechos humanos- corrupción.

¿Qué es el derecho de acceso a la información pública?

El derecho de acceso a la información pública se apoya en el principio de la publicidad de los actos de gobierno y en el de rendición de cuentas. En tanto los ciudadanos delegamos en nuestros representantes el poder de administrar la cosa pública, ellos deben dar cuenta y publicidad de cada uno de sus actos para que podamos controlar el poder que delegamos.
El derecho de acceso a la información pública es un fin en sí mismo, pero también es un medio para el ejercicio de otros derechos: sin información resulta difícil y complicado poder ejercer derechos económicos y sociales y/o participar y fiscalizar los asuntos públicos. A su vez, el derecho de acceso es la contracara de la libertad de expresión: cuánto mejor informado estemos, mejor y de manera más responsable podremos opinar sobre los asuntos públicos.
El derecho se encuentra reconocido constitucionalmente y reglamentado en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional por el Decreto 1172/03  (CIPPEC- www.cippec.org.ar)